Os pondré en
antecedentes. El pasado día 26 el diario La Razón publicó en su edición en
papel un reportaje que ya había anticipado el día anterior en el que presumía
de contener información exclusiva sobre el expediente de regulación de empleo
(ERE) que va a hacer el PSOE en sus filas, supongo que por necesidades
económicas y de financiación. Días después, El País publicó que la ministra de
empleo Fátima Báñez podría haber suministrado el día 25 esa información a un
particular, que habría sido el que suministró esa información a La Razón, y
dicha información la habría mandado desde su propio correo electrónico. Y lo
cierto es que en el artículo de La Razón aparecen frases copiadas literalmente
del archivo que posee el ministerio de Empleo sobre dicho ERE, por lo que es
muy fácil atar cabos. Poco después se concretó que podría haber sido una
empleada de la ministra la que habría mandado la información, como podemos ver
en el rastro que se hace del e-mail. Todo parece muy evidente, pero para bien o
para mal, en la justicia democrática existe la presunción de inocencia.
Quiero recordar
que utilizar una posición de poder para revelar información clasificada a una
persona o grupo perjudicando a un tercero, está recogido en el código penal con
penas de 1 a 3 años de cárcel e inhabilitación de 3 a 5 años de cargo público.
Además de eso, utilizar una posición de poder para revelar información clasificada
del partido político rival con el fin de hundirlo y generar dudas en su
electorado es algo en mi opinión despreciable. Si finalmente es imputada, y
dadas las evidencias que existen, cualquier persona con dos dedos de frente
pensaría que debería de dimitir. Como siempre, existe la dualidad: moralmente
debería de hacerlo, pero legalmente puede elegir no hacerlo.
Que cada uno
saque sus propias conclusiones. Lo cierto, y lo que pienso es que esta señora
no va a asumir su culpa ni va a dimitir, ni mucho menos va a ser juzgada y
condenada con la sanción acorde a este delito. Pero seamos sinceros, todos
sabemos que esto no va a ocurrir, ya no creo en el poder judicial en este país,
y como muchos, estoy harto de ver cómo tantos casos que son muy evidentes se
cierran y se archivan porque no se puede demostrar su culpabilidad. Sin
embargo, los datos quedan, y siempre acabamos sabiendo que culpables hay, y que
hay alguien que ha cometido un delito, pero nadie sabe quién ha sido. O mejor
dicho, nadie quiere decir quién ha sido. Para mí, el dicho de que la justicia
siempre llega tarde, pero acaba llegando, no es suficiente.

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